«Las luces rojas que alumbran la provincia de Pontevedra en forma de locales de alterne están más cerca que nunca de apagarse para siempre. Los empresarios de la prostitución lo saben, y tal vez por eso no apoyen a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales. ¿El motivo? El proyecto del PSOE encargado «a expertos» para redactar la bautizada como ley integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual.
La iniciativa plantea, entre otras cosas, penar con cárcel el arrendamiento de inmuebles destinados a prostíbulos camuflados en negocios hosteleros. Una ruta del sexo que, en la provincia, implica a una treintena de establecimientos (1.100 en el conjunto de España). «El que a sabiendas facilitara muebles, inmuebles, instrumentos o medios de transporte para la comisión de delitos relacionados con la prostitución o la explotación sexual será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cuatro años», expone el documento que, el PSOE, espera sacar adelante de seguir en la Moncloa tras las elecciones del 28 de abril.»