En 2000, recuerdan en la Fiscalía, no hubo un solo caso de violencia de género en Madrid, pero eso no quería decir que no existiera el problema. Simplemente no había voluntad de verlo ni los instrumentos adecuados. La ley de 2004 cambió de golpe la realidad, porque la sacó a la luz. Con la trata de seres humanos, esclavitud pura y dura en forma de explotación sexual o laboral principalmente, está ocurriendo lo mismo. Empujada por la UE —el convenio de Varsovia es de 2005— y la preocupación mundial, España introdujo el delito por primera vez en el código penal en 2010. Otra reforma en 2015 afinó la mira con nuevos supuestos. El resultado de esta lenta maniobra de sensibilización, que aglutina a fuerzas de seguridad, fiscales, jueces y ONG, se refleja en un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del ministerio de Interior, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Por primera vez fotografía el fenómeno con una perspectiva de cinco años y revela lo invisible que está ante nuestros ojos. Y es brutal: 4.430 víctimas de trata y explotación sexual, o solo de este segundo delito, de 2012 a 2016. Si se suman las de explotación laboral, perseguida con más ahínco desde 2015, ascienden a 5.675 personas. Y 20 más son de otros tipos de trata. Solo en 2016, el dato más reciente, el total de víctimas suma 1.046.

Cada caso es una historia de terror, y hay algunas sentencias estremecedoras. Además de la exigencia de la deuda contraída con el viaje, que a menudo nunca termina de saldarse, siempre hay un componente de violencia y amenaza que aprisiona a las víctimas y les impide pedir ayuda. Están aisladas y a menudo no hablan español. En Figueras, la hermana del tratante custodiaba al bebé de una mujer rumana, obligada a prostituirse en una rotonda de La Junquera. En otro caso, el delincuente mandó al niño de tres años de la víctima a Ibiza y solo se lo dejaba ver por Skype si mandaba el dinero. En el drama de las nigerianas, el viaje por el desierto puede durar más de un año, las violan por el camino, quedan embarazadas y luego les quitan el niño. En otros casos el chantaje es con amenazas a la familia que queda en el país de origen. Han llegado a quemarles la casa, dar palizas o incluso al asesinato.

Son especialmente graves los casos de menores halladas en clubes de alterne y pisos. “Cada vez acogemos más menores, o muy jóvenes, que lo eran cuando fueron captadas”, advierte Marta González, directora de Proyecto Esperanza, una de las principales ONG que ayuda a rescatar víctimas. La protección de menores víctimas de trata es otro punto débil del sistema. No hay centros de acogida específicos para ellos y que sea un asunto de competencia autonómica genera disfunciones. Igualmente sobrecogedores son los casos de víctimas discapacitadas: hace unos meses la Policía rescató en un piso de Madrid a una chica con deficiencia mental tras saber de su existencia por los comentarios jocosos de un foro de usuarios de prostitución en Internet. En 2012, una víctima rumana que logró escapar y fue de nuevo capturada acabó atada a un radiador, rapada al cero y con un tatuaje en la muñeca que le recordaba su precio, con un código de barras. La mostraban a sus compañeras de piso para que vieran lo que les podía ocurrir.

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